Manuel Cubías | Vaticans News

La COVID-19 tomó por sorpresa a toda la humanidad. De igual manera han sido impresionantes las medidas que se han tomado en muchos países para combatir el mal: la implementación de normas jurídicas de carácter coercitivo hacia la población, así como la declaración de estados de excepción para facilitar los controles sanitarios que buscan evitar la propagación de los contagios. Queda por preguntarnos: ¿estas medidas garantizan la integridad de todas las personas?

Acercarse desde la ética a la actual situación de crisis sanitaria que vive el mundo, considero tiene un presupuesto necesario: el hecho de querer pensar, comprender, escucharnos y dialogar para conseguir lo mejor y que beneficie a todos; o, al menos a los más vulnerables y empobrecidos, que son la mayoría.

Dignidad de la persona humana

El Compendio de la Doctrina Social Católica (CDSI) en el número 107, declara “la inviolable dignidad de la persona humana”. En el contexto de la pandemia, este principio debe orientar todas las acciones que se tomen a nivel individual y social, de modo que se garantice la integridad de todas las personas.

Una aplicación inmediata de este principio en América Latina y en otras partes del mundo consistiría en garantizar los ingresos necesarios a cada familia para subsistir dignamente en este período de crisis. Sin embargo, la realidad vivida hasta ahora nos dice que miles de familias han comenzado a pasar hambre. La reducción de los ingresos a través de salarios, venta de productos o de remesas ha sido casi total. Las ayudas que algunos gobiernos, Iglesias e instituciones han brindado a la población se queda corta ante el tamaño de la necesidad.

El bien común

La Doctrina Social de la Iglesia define el bien común de la siguiente manera: “Según una primera y vasta acepción, por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección” (CDSI 164).

A esta definición añade: “Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época y están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales” (CDSI 166). El mismo numeral abunda al afirmar que el logro del bien común depende de la participación de todos los ciudadanos e incluye el compromiso por la paz, la organización de los poderes del Estado, la prestación de los servicios esenciales a todas las personas, el cuidado del ambiente y un sólido ordenamiento jurídico.

Un hecho que hemos vivido en estos días a nivel mundial es el de la mala distribución de los recursos para hacer frente a la pandemia. Los países que tenían más recursos financieros fueron capaces de contar con más recursos como mascarillas, geles, kits de bioseguridad, respiradores y otros insumos. Los países pobres contaban con muy pocos recursos en las Unidades de Cuidados Intensivos, no digamos la población que no tenía ni para comer. Recuerdo los carteles de los que daban cuenta los medios de comunicación en Chile, El Salvador y otros países: “prefiero morir de coronavirus que de hambre”.

La irrupción del coronavirus en la vida de las naciones no puede hacer olvidar que las sociedades funcionan con los aportes de los ciudadanos a través de diferentes tipos de impuestos. Este hecho recuerda a los Estados que sus ciudadanos no son carga, pues aportan a través de la tributación y esperan que ésta sea redistribuida comenzando con los más pobres.

Los pobres nos enseñan la justa implicación de este principio: las ollas populares en Argentina, Paraguay, Guatemala; las colectas de diversa índole para ayudar a los pueblos de la Amazonía; el compartir una comida con alguien que no tiene como campañas motivacionales en Guatemala, Colombia, Perú. Tantos ejemplos que muestran que el bien común sigue siendo un motor para impulsar la defensa de la vida.

El destino universal de los bienes

“Los bienes, aun cuando son poseídos legítimamente, conservan siempre un destino universal. Toda forma de acumulación indebida es inmoral, porque se halla en abierta contradicción con el destino universal que Dios creador asignó a todos los bienes. La salvación cristiana es una liberación integral del hombre, liberación de la necesidad, pero también de la posesión misma”, afirma el Compendio (CDSI 328).

El papa Francisco en su participación en el II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares del 9 de julio de 2015, refiriéndose a cómo el bien común puede quedar relegado afirmó: “Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vemos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común, la hermana y madre tierra”.

Hemos sido testigos, a inicios de junio, de la petición de una decena de organizaciones suizas para que los bancos helvéticos cancelen la deuda de los países pobres, en vista de la dramática situación financiera que viven esas naciones. En sintonía con este llamamiento está el pedido de los obispos africanos y de Madagascar para que se cancele totalmente la deuda, así como piden ayuda financiera para enfrentar la pandemia y ayudar a relanzar las economías, con un enfoque más solidario.

Principio de subsidiariedad

En número 186 del CDSI se afirma: “Conforme a este principio, todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda ‘subsidium’—por tanto, de apoyo, promoción, desarrollo— respecto a las menores”.  Este principio, busca proteger “a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Este principio se impone porque toda persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad” (CDSI 187).

Este principio hoy tiene más vigencia que nunca, porque de poco servirán las normas emanadas del Estado si estas no se aplican con responsabilidad en el núcleo de la familia y por los individuos, por ejemplo. Este principio nos enseña que lo que sucede en la base de toda sociedad, en momentos de emergencia es de mucha importancia. Potenciar y fortalecer las redes que propician una sana convivencia social de participación y compromiso solidario es un imperativo en momentos de emergencia.

El papa Francisco, en el discurso a los Movimientos Populares  en julio de 2015,subraya la importancia de las acciones pequeñas en la vida social: “Ese arraigo al barrio, a la tierra, al oficio, al gremio, ese reconocerse en el rostro del otro, esa proximidad del día a día, con sus miserias, porque las hay, las tenemos, y sus heroísmos cotidianos, es lo que permite ejercer el mandato del amor, no a partir de ideas o conceptos sino a partir del encuentro genuino entre personas. Necesitamos instaurar esta cultura del encuentro, porque ni los conceptos ni las ideas se aman. Nadie ama un concepto, nadie ama una idea; se aman las personas. La entrega, la verdadera entrega surge del amor a hombres y mujeres, niños y ancianos, pueblos y comunidades… rostros, rostros y nombres que llenan el corazón. De esas semillas de esperanza sembradas pacientemente en las periferias olvidadas del planeta, de esos brotes de ternura que lucha por subsistir en la oscuridad de la exclusión, crecerán árboles grandes, surgirán bosques tupidos de esperanza para oxigenar este mundo”.

 Textos de interés relacionados 

■ Un nuevo pacto social, editorial. Noticias Obreras, junio 2020.
■ El destino universal de los bienes, editorial. Noticias Obreras, mayo 2020.
■ COVID-19 y defensa del bien común, editorial. Noticias Obreras, abril 2020.

El Convenio, núm. 190 de la OIT, sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, ha recibido formalmente su primera ratificación. Con ello se da un paso muy importante para su entrada en vigor, ya que son necesarias solo dos ratificaciones de Estados miembros. Uruguay, con un gobierno de centro-derecha, se convierte en el primer país en ratificar este convenio histórico, al ser el primer tratado internacional que aborda la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, un año después de haber sido adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su reunión centenaria.

Este #Convenio190 proporciona, junto a la Recomendación núm. 206, un marco común para la acción y constituye una oportunidad única para forjar un futuro del trabajo basado en la dignidad y el respeto, además pone de manifiesto el derecho de todas las personas a un mundo sin violencia y acoso. Contiene la primera definición internacional de violencia y acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia por razón de género.

Protección integral

Es importante subrayar los ámbitos de aplicación de esta norma al ser de aplicación para el sector público y el privado, a la economía formal y a la informal, así como a las zonas urbanas y rurales. Es una protección con una orientación integral, para todos en el mundo del trabajo, independientemente de su situación contractual. Además necesita que los Estados miembros que lo ratifiquen adopten, en consulta con el marco del diálogo social con empresarios y sindicatos, un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso a través de medidas de prevención, de protección, de control de la aplicación y de reparación, así como a través de la orientación, formación y sensibilización. “El marco que proporciona el Convenio núm. 190 es, más que nunca, de extrema importancia durante la actual pandemia de la COVID-19, ya que desde que comenzó el brote han sido denunciadas muchas formas de violencia y acoso relacionadas con el trabajo”, señaló Guy Ryder, director general de la OIT.

El anuncio del Gobierno de España

Para que este esencial convenio entre en vigor, es necesario la ratificación de un segundo país. En este sentido, es conocido el compromiso asumido por Argentina, España y Finlandia para seguir los pasos de Uruguay. Los tres países han manifestado, a través de miembros de sus ejecutivos, su intención de someterlo a la aprobación de sus parlamentos. El pasado día 2 de marzo, la ministra Yolanda Díaz lo anunciaba junto con Guy Ryder y la periodista Pepa Bueno. Ahora la situación es totalmente diferente, sin duda ninguna, aunque esta nueva normalidad no debería atrasar mucho más tiempo esta decisión política anunciada se convierta en una amplia ratificación en el Congreso y de esta forma pueda ser una realidad de justicia para millones de personas en el mundo del trabajo.

https://twitter.com/Yolanda_Diaz_/status/1234453658261229568

Foto | OIT, revista Trabajo: La violencia en el trabajo

CCOO y UGT han presentado las propuestas a debatir en el marco de la mesa del diálogo social que proponen para consensuar las medidas para superar la actual crisis económica provocada por la COVID-19, con la vista puesta en un “nuevo modelo productivo, laboral y social sostenible”.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, y Pepe Álvarez, de UGT, han presentado su propuesta para el desarrollo económico de la próxima década que pasa, a su juicio, por la puesta en marcha de un “nuevo modelo productivo, laboral y social sostenible”. La presentación se ha producido el mismo día en que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, comparecían en el Congreso, en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, como aportación para el debate público.

En el documento Un país con futuro. Más social. Más igualitario. Más productivo. Más verde. Propuesta sindical para la construcción de un nuevo país, ambas centrales de trabajadores proponen un nuevo marco de relaciones laborales que “fomente el empleo estable, los salarios suficientes, la conciliación y las empresas productivas”.

“Los sindicatos de clase hacemos una apuesta clara por tratar de buscar consensos profundos para el desarrollo económico para la próxima década, como expresa el documento que presentamos”, ha señalado Sordo en la rueda de prensa conjunta en la que han dado a conocer su visión para el futuro próximo del país. Según ha explicado el secretario general de CCOO, las propuestas pretenden ser la guía para una mesa de diálogo social que es urgente poner en marcha”.

Diálogo social para un nuevo acuerdo industrial y laboral

También el secretario de UGT ha pedido al gobierno que “más allá de participar en la comisión parlamentaria para la reconstrucción, convoque una mesa de diálogo social presencial y acuerde esta reconstrucción con las organizaciones sindicales y empresariales”.

Ambos sindicatos apuestan por impulsar las capacidades industriales del país, a través de un plan estratégico por la industria y la modernización de los sectores claves para la generación de riqueza y empleo. En este sentido, hacen una apuesta clara por la sostenibilidad ambiental y la transformación digital, así como por la innovación a través de una estrategia de I+D+i.

En materia laboral, CCOO y UGT urgen a hacer frente a la precariedad laboral estructural del mercado de trabajo en España, pasando por la derogación de la actual legislación (reformas laborales de 2008 y 2012). En este sentido, Unai Sordo ha advertido de una posible devaluación salarial derivada de la crisis: “ “Las empresas ahora mismo tienen todas las herramientas que les dio la reforma laboral y, por tanto, hay que tocar aspectos centrales de esa reforma para evitar esa caída generalizada de salarios, que no favorecería ni a los trabajadores ni a la marcha de nuestra economía, y retomar todo lo que tiene que ver con eliminar la prevalencia del convenio empresa o las condiciones de subcontratación”, ha dicho.

En palabras de Pepe Álvarez: “no vamos a renunciar a la derogación de la reforma laboral y queremos que se haga en una mesa de diálogo social. Se puede hacer derogándola y sustituyéndola por la ley anterior o por un acuerdo con los agentes sociales”.

Piden al Gobierno un intenso esfuerzo de gasto público, aunque signifique “más deuda a corto plazo”.  Es imprescindible“, ha manifestado el líder de UGT, Pepe Álvarez. Como también una reforma fiscal que grave en mayor medida a las rentas más altas.

El destino de esa amplia inyección de millones debe ser, según la propuesta de las centrales, para planes “renove” destinados a la industria y la construcción, con el objetivo de impulsar estos dos sectores y reducir la dependencia estructural de la economía española en el turismo. Una fuerte inyección de recursos que para los sindicatos debería servir para reactivar rápidamente la economía e incentivar a las empresas a sacar en masa a sus trabajadores de los ERTE. Con el consecuente alivio económico a corto plazo que ello implicaría para las arcas de la Seguridad Social.

“Tenemos que detectar qué sectores productivos tienen futuro en nuestro país”, ha manifestado el máximo dirigente de CCOO. Lo que, en su opinión, pasa por un mayor peso de la industria, elevando su participación en el PIB español del actual 14% (y en descenso), hasta el 20%. También por programas de gasto público que generen empleo en la construcción, pero apostando por la rehabilitación de edificios bajo criterios sostenibles y no tanto por la nueva edificación. “Debemos aprender de los errores del pasado”, ha declarado Sordo.

Una banca pública para vehicular inversiones y garantizar el crédito a las pymes y a los autónomos es otra de las patas sobre las que las centrales aspiran a edificar ese pacto para la reconstrucción. Pues las centrales consideran que la fórmula de los créditos avalados por el ICO para dotar de liquidez a las compañías en los primeros compases de la pandemia no ha funcionado correctamente y ha beneficiado en mayor medida a las grandes empresas.”La banca pública debe ser una apuesta estratégica, […] no tiene sentido privatizar Bankia, sino que debe ser el instrumento de financiación pública por excelencia para este nuevo tiempo”, reza el documento elaborado conjuntamente por CCOO y UGT.

Las centrales también consideran necesario acometer una reforma fiscal para gravar en mayor medida a las rentas más altas. Lo consideran así para evitar que el gasto público que está desplegando actualmente el Gobierno, y al que le exigen que lo incremente, no se traduzca en los próximos años en un repunte del déficit y todo ello se traduzca en futuros recortes.

“Hay que aumentar y fortalecer el tamaño de nuestras empresas y hacerlas más resistentes frente a las crisis”, ha manifestado Álvarez. Las pymes españolas han sido el primer foco de la destrucción de empleo durante la pandemia. Según datos del Ministerio de Trabajo actualizados este miércoles, el 77% de los empleos destruidos en los tres primeros meses de pandemia fueron en empresas de menos de 250 trabajadores.

Documento 

Moisés Cayetano Rosado | Licenciado y doctor en Geografía e Historia y maestro de Primera Enseñanza.

Ana María Castillo, escritora nacida en Berlanga (Badajoz), ya nos había proporcionado anteriormente diversas aportaciones literarias apreciables, como algunos libros de poesía y la obra narrativa La maestra cuentacuentos, pero ahora nos sorprende con una obra de notable valía, que pese a su extensión (más de quinientas apretadas páginas) se lee con sostenido interés, tensión y emoción: Tiempos convulsos.

Con esta obra, la editorial de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), una “superviviente” de los tiempos de publicaciones “comprometidas” antes y durante la transición política española, retoma la vertiente “creativa”, tras una dedicación especialmente volcada al ensayo sociopolítico. Y lo hace precisamente con esta novela de corte realista, de claro afán testimonial, apostando por la intrahistoria y la microhistoria, sin perder por ello la calidad artística exigible a una obra de creación, lo que supera con creces.

Tiempos convulsos es un relato que se desenvuelve narrativamente en tierras de Euskadi, pero que envuelve principalmente a personajes autóctonos y emigrantes, siendo estos últimos procedentes de diversos rincones de Andalucía y Extremadura. Abarca temporalmente el periodo comprendido entre 1959 y 1980, y refleja lo que en esas dos décadas de los años sesenta y los setenta constituyó una seña de identidad de los pueblos de España: la emigración-inmigración, entrelazada con esa otra problemática tan señalada en Euskadi: la lucha por la identidad nacional, reivindicada por amplios sectores no solamente de los allí nacidos sino también de los descendientes de los que hasta esta zona se vieron obligados a emigrar.

Lo novedoso de la obra que comentamos es el trasfondo que nutre todo la obra. Algo muy poco tratado no ya por otros narradores sino por ensayistas e investigadores  de los fenómenos migratorios y nacionalistas: el papel de los movimientos obreros y de estudiantes cristianos en estos lugares conflictivos y de recepción demográfico-laboral: HOAC, JOC y JEC, que aquí adquieren un protagonismo esencial.

Los que hemos vivido en estos lugares de “aluvión migratorio”, o conocido de cerca el proceso, en Madrid, Cataluña, Euskadi…, e incluso en lugares de recepción migratoria de Alemania, Francia, Suiza…, enseguida podemos entender que la apuesta  narrativa de Ana María Castillo Moreno es muy oportuna y acertada, pues en esos años del tardofranquismo, con la enorme problemática social, laboral, educativa, cultural, urbanística, de choque de mentalidades, etc., estos movimientos fueron cruciales para organizar los distintos colectivos (obreros, jóvenes, estudiantes…) dando cauce, voz y amparo a sus reivindicaciones, y siendo germen creativo de partidos y sindicatos.

Estando localizada la acción fundamentalmente en el País Vasco, la narración adquiere una mayor riqueza de circunstancias y problemáticas, pues a los naturales enfrentamientos de comunidades nativas y de llegada se unirán las reivindicaciones identitarias, nacionalistas e independentistas, entrecruzadas con el problema de la violencia y surgimiento de fuerzas con alto contenido rupturista, cual el caso de ETA. Y así, los desencuentros en la convivencia vendrán incrementados precisamente por la postura de los distintos personajes ante la actuación de la misma.

Página tras página, la obra se va engrandeciendo y creciendo en intensidad narrativa, en construcción de personajes y situaciones, en exposición histórica de hechos, dándole protagonismo no a los grandes personajes históricos del momento (que no aparecen en ningún momento, salvo el caso especial de contactos y posiciones del Papa, sin proporcionarnos el nombre del mismo) sino a los cotidianos: los trabajadores y las trabajadoras; los jóvenes de los pueblos, barrios y caseríos; los militantes de las organizaciones cristianas y grupos independentistas; los guardias civiles (y sus familias) y policías.

Hay en la narración, y cada vez más, resaltando en las últimas páginas, momentos de intensa emoción, de un magistral relato en la forma de presentar el enfrentamiento de los personajes; en sus propias contradicciones y su difícil convivencia; en las penalidades de la vida cotidiana y los desencuentros por la visión política de las reivindicaciones; en la violencia explícita, en las muertes; en las ilusiones iniciales y los consiguientes desengaños; en las ganas de vivir y convivir.

Tras mucho penar, mucho perder, el mensaje de fondo y final de la obra no nos conducen al pesimismo, sino que se abren a la esperanza en la comprensión mutua, en el arrepentimiento y el perdón…, tras los “tiempos convulsos” que en los años finales parecen irse superando, tras la agitación violenta de los años centrales.

Ana María Castillo lo simboliza en una frase hermosa con la que acaba la novela, donde proclama la libertad, al contestar uno de los personajes a la pregunta de por qué un muro de mariposas no es un muro de verdad: “Porque cuando lo tocas o te acercas, desaparece. ¡Todas las mariposas se van volando!”. Todas las personas se abren al futuro esperanzado, donde parecía que hubiera  una muralla de incomprensiones y dolor.

***

Publicado en su blog.

Información relacionada con la novela