Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica v los servicios sociales necesarios.
Toda persona tiene derecho a la educación que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana.
HOAC Cádiz y Ceuta / Lo leído hasta aquí no son propuestas del movimiento 15M, ni se trata de un manifiesto revolucionario. Lo que se ha leído son algunos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobados por la ONU en 1948 y cuyo 63 aniversario conmemoramos hoy.
La lucha por los derechos humanos y el avance en los derechos sociales que conocemos como estado del bienestar han recorrido una trayectoria paralela que comienza al acabar la segunda guerra mundial.
Efectivamente, además de acordarse entre las naciones la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reconoce la obligación del Estado de hacerse cargo de garantizar las necesidades básicas de las personas: la salud, la educación, la vivienda, la cobertura en casos de desempleo, ayudas familiares y situaciones singulares de necesidad.
Se estableció una suerte de pacto social que se sostenía sobre tres pilares: La obligación de las empresas y fortunas a aportar a través de los convenios y los impuestos, la función negociadora de los sindicatos y la obligación del estado de redistribuir, al menos en parte, la riqueza de las naciones de los que más tienen a aquellos que se encuentran más desfavorecidos. No eran propuestas revolucionarias sino que, por el contrario, incluso supusieron una validación del propio sistema capitalista.
Ahora, las doctrinas neoliberales consideran que el sistema capitalista ya no necesita justificación alguna, ni siquiera cuando se ha mostrado en toda su dureza como una inmensa red de estafadores y especuladores.
La propia crisis que han generado, lejos de servir para que se les pongan riendas a los mercados financieros, está sirviendo para romper los discretos avances en derechos sociales que, en buena medida se han limitado a los países del capitalismo desarrollado. Y respecto a los países ya previamente empobrecidos se están abandonando todos los compromisos de cooperación internacional, dejando además que, en la más absoluta indiferencia, mueran de hambre más de 24.000 personas al día.
En lugar de extraer la consecuencia de que hay extender la democracia desde la política a la economía se está imponiendo la medida de someter la política y la democracia a la economía.
Estamos ante un claro retroceso de los derechos de las personas. Los derechos económicos y sociales no sólo se estancan sino que se recortan brutalmente. Particularmente en la provincia de Cádiz la situación es dramática para decenas de miles de familias con la más alta tasa de paro de toda España, la creciente pobreza y exclusión social y la imparable destrucción de todo el tejido productivo.
Pero por el contrario, considerábamos que de alguna forma había cierto cumplimiento de los derechos civiles y políticos.
La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, dice el artículo 21 de la DUDH. Pero en estos momentos estamos corriendo el serio peligro de perder incluso la validez de nuestros derechos políticos, la devaluación de nuestra capacidad de elegir o la eficacia de lo que decidimos porque, al final, será el mercado, las multinacionales o los bancos quienes decidan.
La modificación de la Constitución Española para poner un techo constitucional al déficit sin consulta popular mediante referéndum, o el nombramiento en Europa de gobiernos pretendidamente tecnócratas, no por expresión de la voluntad del pueblo expresada en las urnas, sino por imposición de los mercados pretendiendo “tranquilizarlos”, son brutales señales de alerta que tenemos que tomarnos con enorme seriedad pues se está poniendo en peligro la existencia misma del sistema democrático.
No podemos aceptar el camino que nos están marcando los mercados, bancos y especuladores, porque es una crueldad para la inmensa mayoría de la población, supone un severo retroceso en derechos y además es una insensatez pensar que se puede mantener indefinidamente este sistema de chantaje y extorsión.
No aceptamos que el Estado dimita de su responsabilidad de garantizar los derechos de las personas, no aceptamos que las necesidades de salud o la educación de las personas se conviertan en materia de negocio privado. No aceptamos que los mercados decidan sobre las cuestiones esenciales de nuestras vidas; si tenemos casa o si tenemos trabajo. No podemos tolerar que los mercados sean los dueños de nuestras vidas.
Debemos tener presente que no hay proclamación responsable de los Derechos Humanos si no es defendiendo a los más necesitados, aliviando su sufrimiento y restaurando su dignidad.
En el día de los Derechos Humanos, estamos aquí pues para recordar que es la dignidad de las personas, que son las personas quienes deben estar en primer lugar, que hay que sacudirse el yugo y la dictadura de los poderosos para poder construir una sociedad de solidaridad, de justicia y respetuosa con los derechos de todos y todas.
Cádiz 10 de diciembre de 2011
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